El paro general decretado por las organizaciones cívicas enlutado por la muerte de 5 habitantes
El pasado 3 de julio, 5 habitantes cajamarquinos fallecieron a consecuencia de disparos de la policía peruana. Tras más de 30 días de seguimiento masivo del paro general, en las provincias afectadas por el proyecto minero Conga (Yanacochca), la intervención policial bajo el Estado de Emergencia derivó en una matanza. Gran número de heridos por arma de fuego fueron atendidos en hospitales de la región.
Entierro de las víctimas
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Durante el fin de semana de 8 de julio fueron inhumados los cadáveres de los tiroteados. Familiares y amigos de los fallecidos exigieron justicia, quienes en todo momento culparon al Gobierno Central y a la empresa minera por la pérdida de estas vidas, cuyo delito fue defender sus recursos naturales.
Primero fueron enterrados los restos de C.M.A (17), Paulino García Díaz (40) y José Faustino Silva Chávez (35), en el cementerio general de la provincia de Celendín, el sábado fue el turno de Joselito Vásquez Jambo en Bambamarca y finalmente el domingo fue sepultado José Antonio Sánchez Huamán (29) en la provincia de Celendín.
En Celendín se vivieron los funerales bajo enorme tensión. La policía reprimió a los que acompañaban los féretros cuando el cortejo pasó por las zonas que supuestamente están restringidas y custodiadas por las fuerzas del orden.
La población de Celendín se encuentra más que indignada. Increíble ver tanta humillación hacia un pueblo que ha demostrado por años ser respetuoso y pacífico.
Líder de Tierra y Libertad es detenido en Plaza de Armas de Cajamarca cuando se pronunciaba por medida del Ejecutivo. Amnistía Internacional pide investigación por muertes en Celendín.
Ni la declaratoria de estado de emergencia con que el Ejecutivo buscó poner orden en las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc, pudo evitar que continúen las manifestaciones de protesta contra el proyecto minero Conga, que dejaron 5 civiles muertos en Celendín y Bambamarca.
La suspensión de garantías constitucionales relativas a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y tránsito, que rige en las tres provincias cajamarquinas, no impidieron las protestas contra el proyecto minero, sobre todo en Cajamarca y Bambamarca, capital de Hualgayoc.
También desde tempranas horas en la Plaza de Armas de Cajamarca manifestantes, principalmente estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca y profesores del Sutep, se enfrentaron con miembros de la Policía Nacional, quienes arrojaban bombas lacrimógenas para dispersarlos.
Es en esas circunstancias, cerca del mediodía, que el líder de Tierra y Libertad (TyL), Marco Arana, hizo su aparición en la plaza y reclamó por el abuso de autoridad de los policías en contra de los manifestantes. En una declaración telefónica a un canal limeño el sacerdote denunció también que la Policía Nacional respondía a las órdenes de Yanacocha y que incluso se desplazaba en vehículos de la minera.
Tras ello, Arana fue a sentarse a una de las bancas de las plaza de armas y así permanecía cuando, sin mediar palabras, un grupo de policías lo detuvo violentamente, propinándole varazos y arrancándole el cartel que pendía de su pecho en el que se leía: "vida sí, oro no".
El dirigente fue abofeteado y pateado en el suelo por la policía, mientras las personas que presenciaban los hechos exigían a gritos que lo suelten, según se aprecia en las imágenes captadas por Megavisión Canal 45 de Cajamarca.
Los sacerdotes franciscanos de la Catedral de Cajamarca dejaron el templo y salieron en defensa del líder político, pero nada pudieron hacer frente a la violencia desplegada por la policía que, a empellones, trasladó a Marco Arana hasta la sede policial ubicada en la plazuela Amalia Puga.
Minutos después de su detención, Arana escribió en su cuenta de twitter: "Me detuvieron, me golpearon mucho, dentro de la comisaría me volvieron a golpear, puñetes en la cara, riñones, insultos".
Su abogada Mirtha Vásquez denunció que su patrocinado fue detenido sin la intervención de un fiscal, y que tanto ella como su colega de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Amparo Abanto fueron agredidas dentro de la comisaría cuando intentaron verificar la situación de Arana.
Cabe indicar que el fiscal provincial de Prevención del Delito de Cajamarca, Jonhy Díaz, corroboró que la policía cometía excesos contra la población.
"Estamos en un estado de emergencia, pero eso no implica que la policía cometa los abusos que comete, por ejemplo, cuando luego de detener a las personas se les sigue maltratando", refirió.
En la actualidad Marco Arana continua convaleciente de la paliza que recibió dentro y fuera instalaciones policiales. Ya cesó su hematuria renal y mejoró sensiblemente de la neumonía que le aquejaba. La fractura de maxilar superior, provocada por un fuerte impacto directo, evoluciona favorablemente.
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