Del documento de Principios
y Objetivos de la Misión Internacional se derivaban dos ejes prioritarios de
atención en la labor de observación:
1- El libre ejercicio del
derecho de expresión y manifestación desde el principio de no violencia que
presidía la convocatoria de la Marcha
2-
La identificación de los
problemas que motivan los conflictos y su relación con el Derecho al agua
potable y al saneamiento básico, recientemente reconocido por NNUU como un
Derecho Humano.
El presente informe se centra por tanto en estas dos cuestiones.
Posteriormente, en un plazo que esperamos no rebase el final del presente mes
de febrero, el equipo técnico de la Misión aportará un segundo informe sobre la
evaluación ambiental del proyecto CONGA. La Misión pretende contribuir así a
clarificar aspectos técnicos, que a menudo son presentados de manera farragosa
o con nomenclatura técnica, lo que dificulta la comprensión de argumentos
importantes en los conflictos abiertos.
I
- El Derecho de Manifestación y el Principio de No Violencia
Tal y como se reseñaba en el documento de Principios y Objetivos de la Misión Internacional de Observación,
la Marcha Nacional por el Derecho al Agua,
celebrada entre el 1 y el 10 de febrero en Perú, se basaba en el principio de
la No Violencia. La Misión mantuvo destacados en la Marcha continuamente a dos
personas del equipo de observación, a fin de seguir con detalle, tanto la
organización interna, como la actitud de las fuerzas policiales y posibles
incidentes con elementos externos a la Marcha. Valoraremos por separado ambos
aspectos.
1-
Dentro de la Marcha, el orden fue
garantizado de forma eficaz por las Rondas Campesinas. Las personas que
participaron en las distintas etapas de la Marcha fueron previamente
identificadas e inscritas, con el fin de evitar la entrada de personas o grupos
violentos. Valoramos y celebramos que el
carácter No Violento de la Marcha fue respetado de forma rigurosa en todo
momento.
2-
En lo que se refiere a las fuerzas policiales, tanto sobre la base de nuestra observación directa, como por la
información de los organizadores, su
comportamiento fue correcto. En todo momento, tanto en el trayecto desde
Cajamarca hasta Lima, como en la propia capital, las unidades policiales han
dialogado correctamente con los organizadores y han facilitado el desarrollo
normal de la Marcha y de las manifestaciones.
Por lo tanto, desde la Misión Internacional de Observación
queremos felicitar, tanto a los organizadores, como al Gobierno y a las Municipalidades
que estuvieron en el itinerario de la Marcha, por haber conseguido garantizar
el derecho de manifestación desde un comportamiento cívico ejemplar.
No obstante, queremos reseñar la actitud negativa mostrada por
algunos medios de comunicación que intentaron levantar el fantasma de la
violencia y del terrorismo, mediante comentarios o informaciones infundadas
sobre la pretendida participación de grupos violentos en la Marcha. Desde la
Misión certificamos que tales informaciones y comentarios, no sólo son
infundados y falsos, sino que sugieren la existencia de sectores interesados en fomentar, malintencionadamente,
este tipo de noticias intentando deslegitimar el derecho ciudadano de
movilización pacifica. Para la Misión, estas actitudes en determinados medios
de comunicación, sin ser lo más importante, son preocupantes, puesto que
suponen una manipulación de la información degradante de la vida democrática,
en un país que busca superar las heridas que dejo la nefasta década de la
violencia política.
II
- El Estado del Conflicto
A lo largo de los días en que se ha desarrollado la Marcha, el
equipo de la Misión Internacional de Observación ha dedicado una parte
importante de sus recursos humanos a entrevistas con todos los actores sociales
e institucionales que ha sido posible. Día a día, se han referenciado en el
BLOG de la Misión estos encuentros, junto a los correspondientes resúmenes de
lo tratado en las entrevistas.
Se han realizados encuentros y conversaciones con:
- Organizadores de la Marcha y principales líderes de las Rondas Campesinas y de los Frentes de Defensa participantes.
- Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SUTESAL)
- Representantes de Asociaciones de Chimbote
- Congresista Dª Claudia Coari, por la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos y del Ambiente
- Congresista D. Javier Diez Canseco, del Partido Socialista, como experto en materia de minería en el Congreso
- Ex Viceministros del Ambiente, D. José de Echave y D. Hugo Cabieses
- D. Francisco Soberón, Dª Josefina Huamán y dirigentes de las ONGs de la ANC- Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo
- Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, con una amplia representación encabezada por Dª Eva Arias, como Presidenta.
- D. Peter Koenig, experto del Banco Mundial en economía del agua.
- D. Abel Mejía, Rector de la Universidad Nacional Agraria de la Molina; D. Marco A. Nuñez, Secretario General de la ANA, y el Doctor Axel Dourojeanni, junto a otros muchos académicos y expertos en el Auditorio principal de la Molina.
- Defensoría del Pueblo, representada por Dª Alicia Abanto y su equipo.
- Monseñor Barreto, primer Vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Perú.
La entrevista acordada con el Ministro del Ambiente, D Manuel Pulgar
Vidal, prevista para el viernes día 10, fue reiteradamente retrasada, por una
convocatoria extraordinaria del Gobierno que se extendió a lo largo de todo el
día, quedando finalmente aplazada para la semana siguiente…
Otra fuente sistemática de información ha sido el dossier diario
de medios de comunicación.
II.1 Consideraciones sobre el marco legal, político
e institucional
De este amplio abanico de fuentes extraemos algunas
consideraciones que permiten contextualizar el marco legal, político e
institucional del Perú.
1-
El contexto legal e
institucional de Perú está fuertemente condicionado y marcado por el periodo de
dictadura de Fujimori, en el que se implantó, de forma autoritaria y sin
restricciones, un marco neoliberal que llevó a privatizar entre otros sectores
públicos, el de la minería, relajando, cuando no haciendo desaparecer, todo
tipo de regulaciones que pudieran condicionar o molestar a los grandes
inversores privados internacionales (como la suspensión del capitulo de delitos
ecológicos en el código de medio ambiente).
2-
Más allá de su reciente
creación, el actual Ministerio del Ambiente se viene demostrando, tal y como
valora la propia Defensoría del Pueblo, débil desde el punto de vista
institucional y competencial. De hecho, la Autoridad Nacional del Agua- ANA, ni
siquiera está en el Ministerio del Ambiente, sino que depende del Ministerio de
Agricultura, con lo cual el enfoque sigue siendo guiado por el consumo, la
oferta y demanda y no por uno de sostenibilidad y derechos. Pero lo más
relevante es la manifiesta debilidad, en el seno del Gobierno, de los
argumentos y valores ambientales frente al poder y la influencia del sector
minero; valoración que derivamos, tanto del análisis del dossier de prensa,
como de las entrevistas realizadas.
3-
Por otro lado, con el nuevo
Gobierno del Sr. Ollanta Humala, ha crecido la proyección política de las
comunidades indígenas y pueblos originarios, que sin duda jugaron un papel
relevante en su victoria electoral. La reciente aprobación de la Ley de
Consulta Previa es una concreción de este fenómeno. El reglamento, que debía
estar aprobado en diciembre del año pasado, parece que estará listo de forma inminente,
lo cual es percibido por mucha gente como una oportunidad para abrir un espacio
de diálogo en los diversos conflictos y en particular en el de Conga, aunque
todavía debe responderse a la demanda de los lideres de organizaciones indígenas
en el sentido de que el reglamento exprese fielmente la letra del convenio 169
de la OIT, a cuyo efecto reclaman ciertas modificaciones en el articulado de la
ley.
II.2 Visiones y argumentos en torno a los conflictos
socio-ambientales que motivaron la Marcha Nacional por el Derecho al Agua
En la actualidad se extienden y agudizan por toda América Latina
conflictos ambientales con una fuerte carga social, en la medida que se afecta
la vida, la salud y la supervivencia de comunidades indígenas y rurales, al
tiempo que, cada vez más, se ven más afectadas las actividades agropecuarias, y
más involucradas las poblaciones urbanas aguas abajo en las cuencas fluviales.
Perú es, sin duda, uno de los países en el que esa conflictividad se está
agudizando más. En la Marcha Nacional por el Derecho al Agua se han federado múltiples
conflictos: por minería a cielo abierto, explotaciones petroleras, construcción
de grandes presas hidroeléctricas que desplazan a miles de familias, trasvases
para actividades agroexportadoras que ponen en riesgo los recursos
tradicionales o ancestrales de comunidades indígenas y rurales, amenazas de
privatización de servicios urbanos de agua y saneamiento, etc… No obstante, aunque
el conflicto central en esta Marcha ha sido el del proyecto CONGA, de
Yanacocha, y la mayor parte de argumentos se centran en torno a este conflicto,
no se debería de perder de vista, como deja perfectamente claro el Manifiesto
de la propia Marcha, la perspectiva nacional que aportan los demás conflictos, en
la búsqueda de soluciones integradoras y sostenibles.
1-
En Perú, tal y como reflejan
los informes de la Defensoría del Pueblo, vienen creciendo de forma alarmante
los conflictos socio-ambientales, dominando claramente los que tienen relación
con el agua y las actividades extractivas. De ellos, sin duda, los más graves y
numerosos corresponden a la gran minería de oro a cielo abierto; aunque tienen
mucha relevancia también los impactos de las petroleras, los desplazamientos
masivos de comunidades por represas en Amazonía, e incluso la pequeña minería,
a menudo al margen de la ley.
2-
Los convocantes de la Marcha
y muy en particular los representantes de Rondas Campesinas y Frentes de
Defensa, reportan pérdida de caudal y p`roblemas de calidad en ríos, lagunas y bofedales;
así como la destrucción material, en unos casos, y graves afecciones (por
perforaciones, tajos, relaves, y desmintes en zonas de recarga) en otros, en
acuíferos que alimentan las cabeceras fluviales. Se reportan graves afecciones
causadas por Yanacocha en 800 manantiales, 100 captaciones para consumo humano y
20 canales agropecuarios, en tres provincias de Cajamarca. Se denuncian numerosos
episodios de mortandad de truchas en ríos, lagunas y piscigranjas. Sólo en la
provincia de Hualgayoc (Departamento de Cajamarca) están registrados 1,262
pasivos ambientales, abandonados por antiguas empresas mineras, que contaminan las
aguas de que disponen para beber, para regar y para la ganadería, así como
graves afecciones a la salud en las comunidades. 16 de los 53 ríos que llegan a la costa están
seriamente contaminados por relaves mineros, siendo la minería, junto a los
vertidos urbano-industriales directos, las dos principales causas de
contaminación de aguas en el país.
3-
Hay una queja unánime por
parte de campesinos y ganaderos sobre la perdida de soberanía sobre sus tierras
y aguas, que necesitan para vivir. Hay denuncias concretas que reseñan
distritos cuyo territorio ha sido concesionado al 100% a empresas mineras. Esa
queja por la pérdida de competencias y control sobre el territorio en
cuestiones vitales se manifiesta institucionalmente, de forma pública desde el
Gobierno Regional de Cajamarca.
4-
Se presenta una oleada de
quejas sobre las acciones represivas de la policía privada de Yanacocha, ahora “SECURITAS”,
antes “FORZA”, que opera en el territorio desde tiempos de Fujimori, no sólo
con operaciones de vigilancia, sino también de represión de manifestaciones,
escuchas telefónicas, espionaje informático, seguimiento de dirigentes, etc… En
Gobiernos anteriores, se reportan incluso denuncias de asesinatos de dirigentes
campesinos. Respecto a la policía nacional, los dirigentes de Rondas y Frentes
de Defensa denuncian que se sienten indefensos, pues los policías defienden a
las empresas y no a la gente, recibiendo por ello pagas extras de las empresas,
cuando colaboran en reprimir manifestaciones.
5-
Otro notable caudal de quejas
se refiere a la criminalización de las
protestas y de los conflictos, con cientos de denuncias contra campesinos, que
en muchos casos acaban en sentencias condenatorias en los tribunales. Hay una
extremada sensibilidad ante las acusaciones de “terroristas” o “violentos” que,
en efecto, hemos constatado son frecuentes en determinados medios de prensa, y
en boca de algunos portavoces políticos. Frente a ello, los dirigentes de
Rondas Campesinas esgrimen, como argumento, su papel decisivo en la lucha
contra Sendero Luminoso en sus territorios.
6-
Los Frentes de Defensa y
Rondas Campesinas ofrecen un detallado informe sobre la génesis del actual
conflicto de Conga. La historia deja claro que no se trata de un estallido súbito,
sino de un conflicto que se viene gestando desde el ano 2004 en que el
municipio provincial de Celendín promulgo una ordenanza que prohibía las
actividades mineras en la zona donde se ubica el proyecto minero de Conga. Según
relatan, la Plataforma Insterinstitucional de Celendín – PIC empezó a superar
las divisiones propiciadas por la política de compra de dirigentes practicada
por las empresas, usando fondos del llamado “óbolo minero”. Tras sucesivas
asambleas en Bambamarca, San Marcos y San Pablo, los Frentes de Defensa de
siete provincias acabaron consiguiendo que el Gobierno Regional de Cajamarca
asumiera su tabla de reivindicaciones. Los dirigentes denuncian, sin embargo,
la imposibilidad de hablar con el Gobierno de la Nación, en la medida que ni
siquiera fueron reconocidos para participar en la ronda de diálogo que el
Gobierno organizó tras el Paro Indefinido en noviembre del 2011.
7-
Los líderes campesinos y
comunitarios de Cajamarca denuncian la brutalidad policial contra las
manifestaciones durante el Paro Indefinido y tras la declaración del Estado de
Emergencia, con disparos que causaron ocho heridos. Varios de ellos fueron de
suma gravedad, como el Sr. Marino Rodríguez Castañeda, que ha perdido un ojo, y
el Sr. Elmer Campos, de 31 anos de edad, que recibió dos balazos en el riñón y en
el bazo, que debieron ser extirpados, quedando además lisiado al afectarse la médula
espinal. Al mismo tiempo, reconocen que en estas circunstancias, en la ciudad
de Celendín, cuando se enteraron de la represión policial contra los campesinos
en las lagunas, la gente acabó quemando las oficinas de Yanacocha, sin que se
registraran daños personales.
8-
Se denuncia que el proyecto Conga
afectaría a cinco microcuencas que alimentan a los tres principales ríos de la
región; implicaría
la destrucción de cinco lagunas y la desaparición de 100 hectáreas de humedal,
además de serios impactos en acuíferos y en la calidad de las aguas. Por otro
lado, Conga sería el primero de una serie de proyectos aledaños en las mismas cabeceras
de cuenca, entre los que figuran “El Galeno”, de una empresa china Lumina
Cooper; el Amaro de la misma propietaria de Conga; y Michiquillay de Angloamerican,
de capital ingles.
9-
Desde la perspectiva de las
corporaciones mineras se niega el reconocimiento mismo de los conflictos,
diagnosticando que se trata de un problema de “percepciones erróneas” que están
siendo alimentadas por determinados sectores. Se afirma literalmente que en la
actual minería a cielo abierto no se generan pasivos ambientales, pues se
tiende a reutilizar el agua, y en caso de generarse vertidos se depuran
previamente. Por otro lado, una vez acabada la explotación, se regeneran los
espacios …
10- Respecto a la salud pública,
se afirma rotundamente que, no sólo no hay afecciones a la salud pública, sino
que ésta se mejora gracias a la riqueza que genera la minería. En cuanto a
otras actividades como la agricultura y la ganadería, afirman que las empresas
mineras promueven y financian programas de modernización y apoyo a las
explotaciones agropecuarias, generándose sinergias positivas entre la minería y
el sector agropecuario.
11- Sitúan los pasivos ambientales en herencias del pasado y en la
minería informal. Por otro lado, sitúan el principal problema en la corrupción
de las instituciones públicas, y especialmente de gobiernos regionales y
locales, que reciben ingentes cantidades de dinero de las mineras pero no lo
invierten en las obras y proyectos que la sociedad necesita.
II.3 Problemas y debates de fondo emergentes
La Marcha Nacional por el Derecho al Agua se ha basado no sólo en
argumentos de denuncia, sino también en contenidos propositivos. Ello ha
provocado que se abran varios debates concretos con un calado que trasciende la
problemática planteada en primer plano por los diversos conflictos.
1-
No sólo los movimientos y
grupos participantes en la Marcha, sino también la generalidad de ONGs y
amplios sectores de expertos y académicos cuestionan las actividades de minería
a cielo abierto en las cabeceras de cuenca, especialmente si se afectan acuíferos,
lagunas y bofedales, al degradarse las capacidades naturales de regulación, que
ya se están reduciendo, al desparecer, por el cambio climático, paquetes
nivales y glaciares, en un país tan vulnerable ante este fenómeno global como
es el Perú. Por otro lado, se cuestionan las tecnologías del cianuro y del
mercurio por los graves pasivos ambientales que generan, con impactos y riesgos
a corto, medio y largo plazo. Al respecto es de notar que son cada vez más los
países que han ilegalizado este tipo de tecnologías o están en camino de
hacerlo. Frente a este cuestionamiento, tal y como se ha dicho anteriormente,
la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo
y Energía niega radicalmente que la moderna gran minería afecte a los
ecosistemas acuáticos ni genere pasivos ambientales.
2-
El segundo gran debate
abierto es el del modelo de desarrollo deseable para el Perú. En este punto
existe una notable confluencia entre la visión de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y las recientes
declaraciones de varios ministros del actual Gobierno, en el sentido de que “Perú es un país minero”. Se argumenta
que la economía nacional depende totalmente de la actividad minera y de las
inversiones extranjeras en este sector. Varios ministros han explicitado en
varias ocasiones que nada debe frenar esas inversiones. Por su parte, los
organizadores de la Marcha enfatizan que Perú es un país “megadiverso”, no sólo
en la biología que alberga, sino también en su realidad cultural y económica, al
tiempo que apuestan por un país que no tenga “fecha de caducidad”, basando el
futuro de regiones como Cajamarca en nuevos enfoques de agricultura, ganadería
y turismo sustentables, en combinación con actividades industriales e incluso
mineras que respeten realmente el medioambiente. En este enfoque, afirman, la
diversificación de la matriz económica y la sustentabilidad de las actividades
económicas son cuestiones fundamentales.
3-
El tercer debate de fondo que
ha emergido al calor del conflicto de Conga y de la Marcha del Agua ha sido el
de la descentralización del Estado. Por un lado, el Gobierno Regional de
Cajamarca plantea abiertamente su reivindicación legal de competencias en
materia de aguas, sobre la base de sus competencias en ordenación territorial.
Pero más allá de esta cuestión concreta, que acabará dirimiéndose en los
tribunales, lo que emerge es la reivindicación de competencias en el
ordenamiento y en la planificación territorial, que tuvieron los gobiernos
regionales y que pasaron al Gobierno central por un cambio legal hace escasos años.
Por otro lado, al igual que ha ocurrido en Bolivia y otros países con fuerte
proporción de comunidades originarias, se empieza a reivindicar la capacidad de
esas comunidades para decidir sobre cuestiones básicas de su territorio, como
el agua, de las que depende su vida y subsistencia.
4-
Por último, observamos que,
con la Marcha Nacional por el Derecho al
Agua, la problemática socio-ambiental, lejos de centrarse en Cajamarca,
como de alguna manera podría deducirse del estado de emergencia declarado por
el Gobierno a raíz del Paro Regional contra CONGA, toma perfiles nacionales.
Por ello sería necesario asumir esa perspectiva a la hora de tratar los
conflictos abiertos.
III
– Conclusiones y Recomendaciones
1-
El carácter rigurosamente no
violento de la Marcha y el estricto respeto al derecho de manifestación que el
Gobierno ha garantizado, gracias al correcto proceder de las fuerzas policiales
nos ofrece un patrimonio de un enorme valor que debería ser preservado de cara
al futuro por todas las partes.
2-
Pese al evidente bloqueo mediático
que se dio, sobre todo al principio, el éxito de la Marcha, con la masiva
manifestación de Lima, en la que participaron comunidades de todas las regiones
y amplios sectores ciudadanos de la propia capital, demuestra que el problema
del agua no puede ser tratado, ni como un problema puntual en una región
concreta, como Cajamarca, ni como resultado de una situación coyuntural de
tensión, sino que debe ser asumido como un problema global que debe ocupar un
espacio relevante en la agenda nacional.
3-
Determinadas declaraciones públicas
impetuosas, que cuando menos deberían considerarse irresponsables, ciertos
comentarios, titulares e incluso líneas editoriales en medios de comunicación,
y pasquines hojas y carteles que se han difundido con motivo de la Marcha, nos
preocupan seriamente. Nos referimos a quienes alientan, o incluso defienden
claramente posiciones de provocación, propugnando la represión de estos
movimientos de protesta, sobre la base de acusaciones infundadas de terrorismo
y de violencia. Entendemos que ese tipo de actitudes deberían ser investigadas
y sancionadas.
4-
Valoramos altamente los
espacios que pueden abrirse en torno a dos iniciativas que el propio Gobierno
ha puesto en marcha: nos referimos a la aprobación en breve del Reglamento para
aplicar la Ley de Consulta Previa; y a la solicitud de un peritaje
internacional sobre el estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto de
Conga. Respecto a esta segunda iniciativa, recomendamos desarrollar la propuesta
que hiciera la Comisión Técnica
Multisectorial de Cajamarca, con la Universidad
Nacional, el Colegio de Ingenieros
y los equipos técnicos de los Gobiernos
Regional y Provincial, para realizar una Evaluación Ambiental Estratégica. Ambos son elementos que pueden
auspiciar espacios de reflexión, de diálogo, y por tanto, de esperanza. La Ley de Consulta Previa debería aplicarse
de forma inmediata al problema de Conga, con un ánimo constructivo que suscite
esperanza. Así mismo, sería muy positivo abrir la idea del peritaje internacional a la perspectiva que solicitan las
autoridades regionales y las organizaciones sociales con esa Evaluación Ambiental Estratégica, que lógicamente debería hacerse de forma transparente,
abriendo un debate técnico, serio y público, sobre los temas que a todos, y
especialmente a las comunidades afectadas en el territorio, preocupan.
5-
Una reacción apresurada por
parte del Gobierno, bajo el argumento de salvaguardar el “principio de autoridad”, podría no sólo ser negativo, sino
producir reacciones en cadena que nadie debería desear. Evitar reabrir el
imprevisible, doloroso e inhumano camino de la violencia debe ser un compromiso
de todos, empezando por quienes tienen más responsabilidad desde el Gobierno de
la Nación.
6-
Por último, en esta
encrucijada de oportunidades y riesgos, desde la Misión Internacional de Observación de la Marcha del Agua nos
atrevemos a proponer que se impulse una Iniciativa
de Diálogo Nacional por el Derecho al Agua que permita abrir un proceso de diálogo
social (tal vez con dinámicas de mediación
social) en torno a los conflictos existentes, y en particular en torno al
de Conga. Los promotores de esta Iniciativa deberían ser instituciones y
entidades no involucradas directamente en los conflictos abiertos, y que tengan
alto prestigio moral en la sociedad peruana.
Por otro lado, sería imprescindible reconocer en este proceso de
diálogo realidades democráticas de representación de las comunidades como son
las Rondas Campesinas y los Frentes de Defensa, que han demostrado sobradamente
su legitimidad social y democrática. También sería fundamental, a nuestro
entender, convocar a ese Diálogo Nacional, a la Asamblea Nacional de Presidentes Regionales , a la Red de Municipalidad Rurales del Perú-REDMURPE, a la Asociación Nacional
de Municipalidades del Perú-AMPE, a CONVEAGRO,
a la Comisión Nacional de Juntas de
Regantes, entre otras, como instituciones concernidas.
Con este fin, desde esta Misión
Internacional de Observación hemos decidido dirigirnos a las siguientes
organizaciones e instituciones, con la simple intención de que se inicien
conversaciones urgentes al respecto:
Defensoría del Pueblo, Acuerdo Nacional, Conferencia Episcopal del
Perú, Consejo Nacional de las Iglesias Evangélicas, Colegio de Ingenieros,
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Mesa de
Concertación Nacional para la Lucha Contra la Pobreza,
No es en absoluto nuestra intención determinar ni cerrar el
listado de entidades que puedan lanzar esta iniciativa, sino simplemente
concretar algunas que, dado su prestigio, podrían sin duda hacerlo con éxito.
Fdo. Pedro
Arrojo
En nombre de la Misión
de Observación Internacional en la Marcha por el Derecho al Agua
David Barkin José Luis Martínez Maribel Roldón
Laura Lucio Javier Lambán
Sonia Rodríguez Mª Teresa Oré Peter Koenig
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